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Si durante los fines de semana, de repente, no pueden acceder a la RAE o terminar de pagar algo online, puede que hayan tropezado con el último episodio de la batalla campal entre LaLiga y los que ven (o les permiten ver) los partidos de fútbol en directo sin pagar. Los “malos” de esta serie probablemente estén ahora mismo sentados en el sofá mirado un partido en el móvil.
Es decir, que el problema es generalizado y en parte cultural. A pesar de que el Código Penal en su articulo 270.2 castigue con prisión (entre seis meses y cuatro años) y multa aquello que facilite sin autorización el acceso en internet de obras de propiedad intelectual, el 67 % de los consumidores de contenidos editoriales digitales los obtienen a través de canales ilícitos.
En otra encuesta en España de 2024, el 33 % de los entrevistados declaró adquirir contenidos digitales (ya sean programas de televisión, películas, pódcasts, videojuegos, etc…) de forma ilegal aduciendo el coste elevado y la falta de dinero.
Sin embargo, según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2023 hubo solamente 89 casos investigados en toda España de delitos contra la propiedad intelectual.
¿Hay medios y voluntad de reducir este tipo de infracciones o la mayoría los consideran moralmente robos estilo Robin Hood? Como contaré a continuación, el problema es que faltan mecanismos eficaces que impidan la retransmisiones no autorizadas de eventos deportivos, así como la compartición de material robado o pirateado.
La perenne lucha de LaLiga contra la piratería
En el mundo del deporte, LaLiga tiene dificultades a la hora de proteger su propiedad intelectual a pesar de los muchos intentos de impedir que sus partidos se pirateen. Por ejemplo, en noviembre de 2024 el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil desactivó el canal de streaming ilegal Cristal Azul, identificando a un hombre de 37 años como presunto autor de delitos contra la propiedad intelectual. A pesar del éxito de la operación, su eficacia representa una gota en el mar de la piratería.
En febrero de 2024, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona impuso a los operadores de acceso a internet (Digi, Orange, MasMovil, Teléfonica y Vodafone) la obligación de proporcionar a LaLiga las direcciones IP de aquellos que comparten ilícitamente sus contenidos. Se trata de los llamados “cardsharers”, que redifunden a terceros la señal lucrándose.
LaLiga y Movistar Plus+ además presentaron una demanda contra Vodafone, MásOrange, Digi y Movistar denunciando que el protocolo Encrypted Client Hello (ECH), adoptado por Cloudflare, y la función Relay privado del iCloud de Apple, anulan la eficacia de los bloqueos de dominios piratas. Solicitaban medidas más drásticas, como los bloqueos de IP que han generado bastante revuelo.
Cloudflare es una empresa norteamericana que gestiona una de las mayores redes de servidores de Internet. Se utiliza para mejorar la seguridad y el rendimiento de sus aplicaciones web y permite a los visitantes acceder más rápidamente a contenidos en línea.
Resolver la piratería bloqueando IP genera más problemas de los que resuelve
El bloqueo de las 123 IP autorizadas a partir de la demanda de LaLiga y Movistar Plus+ ha generado múltiples problemas a consumidores y empresas sin ninguna relación con la piratería. Los efectos colaterales del bloqueo de las IP se deben a que, detrás de la una misma IP, Cloudflare alberga múltiples dominios, muchos de ellos (por no decir su mayoría) lícitos.
Por eso, y por vulnerar derechos fundamentales y limitar el libre acceso a la información, Cloudflare y los organizadores de la conferencia de seguridad informática RootedCON pidieron anular la sentencia de diciembre de 2024 del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona que ordenaba dicho bloqueo de las direcciones IP.
Esta solicitud fue desestimada argumentando que “no se acredita que se haya producido perjuicio alguno”.
A pesar de que LaLiga afirme que el bloqueo de IP del que hablamos no sea “masivo e indiscriminado”, se van acumulando las evidencias que demuestran que estos bloqueos crean problemas de todo tipo.
Se ha dejado de poder acceder a distintas webs –por ejemplo, la RAE o ForoCoches– y varias empresas de comercios online han visto sus páginas y pasarelas de pago caerse. Incluso, ha habido usuarios cuyos dispositivos médicos no se podían conectar a los centros de investigación que analizaban sus datos.
Nadie niega que los servicios de permiten ver partidos gratis son actividades fraudulentas que generan un perjuicio a los propietarios de los derechos. La cuestión que se plantea (ver gráfico) es cómo reducir la piratería sin tener que preguntarse si los partidos de fútbol están afectando a mi web.
Cómo combatir la pirateria sin renunciar a la neutralidad de red
Mientras las transmisiones por streaming en vivo gratuitas de deporte siguen funcionando y los usuarios siguen accediendo por VPN (red privada virtual), muchos comercios se enfrentan a un dilema difícil: dejar de usar Cloudflare y exponer sus paginas a ataques constantes o aguantar que los usuarios de alguna operadora no puedan acceder a sus servicios.
También puede ocurrir que puedan acceder, pero no puedan terminar de realizar una operación porque el pedido quede pendiente de pago. O que sufran penalizaciones por parte de servicios de indexación como Google por no tener la página disponible. En todos estos casos, las empresas pierden sus clientes y sufren un coste reputacional y económico.
LaLiga afirma que “Google, Cloudflare, VPNs y otros agentes involucrados en el consumo de piratería adquieren responsabilidad de las actuaciones ilegales que están permitiendo y de las cuales se lucran”.
Sin embargo, la verdad es que, a pesar de que el Reglamento de Servicios Digitales pida que los proveedores de servicios en línea tomen medidas para eliminar el streaming ilegal, falta una visión sistémica del problema y, con ella, una estrategia de respuesta coordinada y, por tanto, eficaz.
Pensemos, por ejemplo, en una web como DuckVision que LaLiga logró tumbar en febrero 2025. Los servicios prestados por DuckVision no han dejado de existir, sino que se siguen ofreciendo y usando. Este fenómeno de migración de usuarios de una plataforma ilegal a otra, conocido como “desplatforming”, tampoco es una solución. Es como barrer el polvo debajo de la alfombra.
Hay otras soluciones complementarias que se podrían explorar.
Las empresas del sector podrían reconsiderar su modelo de negocio, por ejemplo, mediante la bajada del precio de las suscripciones, ampliando así su modelo “freemium” para atraer aquellos usuarios que ahora piratean.
El Gobierno de España podría también apoyarles promoviendo alguna iniciativa más estructural, como adoptar la ultima versión del protocolo de internet (IPv6). Esto ayudaría a mejorar el nivel de precisión a la hora de bloquear dominios piratas. Actualmente, como puede verse en el gráfico, España está a la cola en la adopción de IPv6.
Evidentemente, no solo habría que modernizar la red, sino también los procedimientos y los órganos competentes –como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), responsable de la supervisión y la aplicación del Reglamento europeo de Servicios Digitales (DSA)–, para que tengan los recursos y el conocimiento para llevar a cabo las necesarias actividades de ciberpatrullaje.
Presentar el bloqueo de IP como el problema de unos pocos frikis no ayuda a avanzar hacia una solución tecnológica real que requiere de la participación de esos expertos. Si hubiera voluntad y recursos, la autoridad competente podría devolver unos pocos mensajes de error ‘403 Prohibido’ o ‘451 No disponible por razones legales’(sin que haya que mentir), y dejaría de bloquear aleatoriamente dominios lícitos.
Sara Degli-Esposti recibe fondos de investigación de la Comisión Europea por el proyecto SafeHorizon: Innovations in Detecting and Disrupting Crime-as-a-Service Operations (ref. 101168562).