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El 27 de abril de 2024 un grupo de activistas paró un autobús turístico cerca de la Sagrada Familia de Barcelona. Lo rociaron con pistolas de agua y le pegaron en la parte delantera una pancarta con el lema: “Apaguemos el fuego del turismo”. La protesta acaparó titulares y puso de relieve la divergencia entre los procesos de turistificación y la reacción cada vez más enérgica de la población local.
Las protestas a gran escala –como aquella y la celebrada este 15 de junio– han convertido a Barcelona en sinónimo de resistencia social frente a los efectos negativos del turismo extractivo.
Pero no es la única: durante el último año, destinos tan populares como las Islas Canarias, Málaga o las Islas Baleares han sido escenario de protestas masivas contra los excesos del turismo.
Hartazgo local
La gente está harta y las señales son evidentes: ver apartamentos turísticos pintarrajeados con el lema “Turistas, fuera” se ha vuelto algo habitual en muchas ciudades españolas. Sin embargo, la culpa no es de los visitantes individuales sino de la excesiva dependencia de esta fuente de ingresos que, desde hace décadas, ha ido expulsando gradualmente a innumerables residentes de sus hogares y barrios.
Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Con la reactivación de los viajes internacionales tras los confinamientos por la covid-19, los habitantes de Barcelona y otras ciudades mediterráneas vieron cómo los turistas regresaban en masa a sus ciudades. Esto provocó un creciente malestar social, ya que las comunidades locales se sentían cada vez más frustradas por la forma en que el turismo había remodelado los espacios urbanos a su costa.
Las preocupaciones de los residentes van desde la escasez de viviendas a la inseguridad laboral, pasando por el impacto medioambiental. La privatización de los espacios públicos también ocupa un lugar destacado en la agenda de Barcelona, agravada por eventos de gran repercusión mediática, como la Copa América de 2024 y el Gran Premio de Fórmula Uno, que aportan pocos beneficios a los residentes locales.
La reacción actual es una señal de hartazgo, de que ya no puede considerarse como una simple molestia o como un fenómeno de “No en mi patio trasero”. Por el contrario, refleja las desigualdades estructurales y los conflictos más profundos sobre el espacio urbano, la justicia social y las dinámicas de poder que sustentan el crecimiento descontrolado del sector turístico.
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Activismo en evolución
El activismo antiturístico en Barcelona se remonta a mediados de la década de 2010, cuando barrios como la Barceloneta cuestionaron por primera vez el papel del turismo en el desplazamiento de los residentes. Desde entonces, grupos como la Asamblea de Barrios para el Decrecimiento Turístico (ABDT) han luchado contra las políticas que fomentan la dependencia excesiva de la economía turística.
La ABDT prefiere el término “turistificación” al de “sobreturismo”. Según ellos, el concepto de “sobreturismo” corre el riesgo de despolitizar la cuestión, enmarcándola en un simple problema de exceso de visitantes. En cambio, afirman que los problemas son el resultado de las desigualdades estructurales vinculadas a la acumulación capitalista, la naturaleza extractiva del turismo y un sector que canaliza la riqueza de la comunidad hacia manos privadas.
Lo que distingue a esta ola de activismo de las anteriores es el paso de una oposición frontal a la presentación de propuestas organizadas y constructivas. En una manifestación celebrada en Barcelona en julio de 2024, los activistas pidieron medidas claras para reducir la dependencia económica del turismo y una transición hacia una economía ecosocial.
Entre las principales reivindicaciones figuraban el fin de las subvenciones públicas para la promoción del turismo, la regulación de los alquileres a corto plazo para evitar la pérdida de viviendas residenciales, la reducción del tráfico de cruceros y la mejora de las condiciones laborales con salarios justos y horarios de trabajo estables. El manifiesto también instaba a los dirigentes a diversificar la economía para reducir la dependencia de esa actividad, reutilizar las instalaciones turísticas para fines sociales y desarrollar programas de apoyo a los trabajadores precarios.
Un año después del episodio de las pistolas de agua, el activismo no da señales de ralentizarse. Durante el fin de semana del 27 de abril de 2025 la Red del Sur de Europa contra la Turistificación se reunió en Barcelona para acordar una agenda política común. También convocaron manifestaciones coordinadas en varias ciudades del sur de Europa el pasado 15 de junio.
Los grupos marginados, los más afectados
El activismo antiturístico suele ser desestimado por quienes tienen intereses en el sector. Lo tachan de “turismofobia” o “nimbyismo”, es decir, del deseo de proteger el propio territorio de un desarrollo no deseado (derivado de “Not in my back yard”, que significa “No en mi patio trasero”).
Estas etiquetas ignoran el hecho de que las economías impulsadas por la llegada de visitantes afectan más a los grupos marginados y con poco poder político, como los inquilinos, los migrantes. los trabajadores temporeros precarios y los jóvenes desfavorecidos. Los movimientos sociales de las ciudades mediterráneas se han tomado muy en serio esta cuestión y han ampliado el activismo antiturístico para abordar la inacción general de los gobiernos en materia de vivienda, derechos laborales, acción climática y defensa del espacio público.
Estos movimientos se enfrentan a los complejos y entrelazados retos de la turistificación, entre los que se incluyen la división social del trabajo, las desigualdades de género y la concentración del capital. Además, y lo que es más importante, son la prueba viviente de que muchos residentes quieren dar prioridad al bienestar de la comunidad por encima del crecimiento económico.
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Los académicos y los políticos están fallando
Tanto los responsables políticos como los académicos están fallando a la hora de abordar las preocupaciones de los manifestantes. Innumerables estudios se centran en temas como la gestión del espacio, el turismo verde o el turismo como herramienta de empoderamiento. Sin embargo, pocos exploran las experiencias de las personas que viven en los puntos turísticos más concurridos, o cómo el sector genera condiciones laborales precarias, exclusión social e injusticia medioambiental.
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Como resultado, las políticas actuales se centran principalmente en gestionar el flujo de visitantes o el transporte, y no en frenar el crecimiento del turismo o abordar los desequilibrios de poder. Este enfoque limitado no resuelve las causas profundas del problema y solo contribuye a perpetuar las desigualdades.
Más allá de las transformaciones urbanas, la dependencia del turismo de la mano de obra precaria es un problema acuciante. Muchos puestos de trabajo en el sector son mal remunerados, inestables y muy estacionales.
Mientras las organizaciones internacionales y las autoridades municipales promueven el turismo como motor de prosperidad económica y creación de empleo, la pregunta “¿Qué tipo de empleo?” se pasa por alto con demasiada frecuencia.
Turismo y justicia social
De cara al futuro es necesario realizar investigaciones más sólidas e intersectoriales, especialmente estudios longitudinales y etnográficos que examinen los impactos del turismo en la clase social, el género y el medio ambiente. Esto, a su vez, servirá de base para elaborar políticas a todos los niveles y las alejará de la mentalidad depredadora y centrada en el crecimiento que alimenta los conflictos sociales y las desigualdades.
En lugar de considerar las protestas como molestias aisladas y puntuales, deben entenderse como parte de luchas más amplias por la justicia social. Este movimiento demuestra que las alternativas y propuestas construidas conjuntamente deben dar prioridad al bienestar de la comunidad por encima del crecimiento económico.
Repensar el turismo urbano significa reimaginar las ciudades como lugares donde los residentes puedan prosperar, no solo sobrevivir. Para lograrlo, debemos abordar las desigualdades más profundas que se encuentran en el corazón de los procesos de turistificación.
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Marina Novelli no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.