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El 9 de junio, el Madleen, un barco civil con bandera británica que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, fue detenido por las fuerzas israelíes en aguas internacionales, a unos 200 kilómetros de la costa.
La Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad había organizado el viaje, que zarpó de Sicilia el 1 de junio. Entre los 12 pasajeros del barco se encontraban la activista climática Greta Thunberg, la diputada del Parlamento Europeo Rima Hassan, dos periodistas franceses y varios activistas de todo el mundo.
El ejército israelí abordó el barco y lo desvió al puerto israelí de Ashdod. La ayuda que transportaba –leche en polvo, alimentos, suministros médicos y kits de desalinización de agua– fue confiscada. Todos los pasajeros fueron detenidos y ahora se enfrentan a la deportación.
Esta interceptación ha provocado la condena internacional. Es importante destacar que también plantea dudas sobre si las acciones de Israel cumplen con el derecho internacional.
Condiciones legales para los bloqueos navales
Los bloqueos navales no son automáticamente ilegales. Según el Manual de San Remo sobre el Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados en el Mar (1994), se puede recurrir al bloqueo en tiempo de guerra, pero solo si se cumplen cinco condiciones legales:
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Debe declararse formalmente y notificarse públicamente.
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Debe aplicarse de manera efectiva en la práctica.
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Debe aplicarse de manera imparcial a todos los buques.
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No debe bloquear el acceso a puertos o costas neutrales.
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no debe impedir la entrega de ayuda humanitaria a la población civil.
Si no se cumple alguna de estas condiciones, el bloqueo puede considerarse ilegal en virtud del derecho internacional humanitario consuetudinario.
La quinta condición es especialmente importante en este caso. Según un estudio exhaustivo del derecho internacional humanitario realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, las partes en un conflicto deben permitir la entrega rápida y sin obstáculos de la ayuda humanitaria a los civiles que la necesitan.
Un bloqueo que impida esto podría constituir una violación del derecho internacional.
Israel y Egipto han impuesto un bloqueo de diferentes niveles sobre Gaza desde 2007, cuando Hamás llegó al poder. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirma que el objetivo del bloqueo es “impedir el traslado de armas a Hamás”. Los críticos afirman que se trata de un castigo colectivo.
El Madleen operaba en cumplimiento de tres órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia (de enero de 2024, marzo de 2024 y mayo de 2024) que exigían el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria a Gaza.
Libertad de navegación
El derecho internacional también protege firmemente la libertad de navegación, en particular en aguas internacionales fuera de los límites territoriales de cualquier Estado.
Solo hay unas pocas excepciones en las que un país puede detener legalmente un buque extranjero en aguas internacionales: si está involucrado en piratería, tráfico de esclavos, emisiones no autorizadas o si la embarcación en sí es apátrida. Un país también puede detener un buque si está aplicando un bloqueo legal o actuando en defensa propia en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
Por lo tanto, si las acciones de Israel no cumplen plenamente los requisitos legales internacionales para aplicar un bloqueo en tiempo de guerra, no tendría derecho a interceptar el Madleen en aguas internacionales.
Protección de los trabajadores humanitarios
En términos más generales, el derecho internacional humanitario, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra, protege a los civiles durante los conflictos. Esta protección se extiende a las personas que prestan ayuda humanitaria, siempre que no participen directamente en las hostilidades.
Para que se considere que una persona participa directamente en las hostilidades, debe:
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Tener la intención de causar daño militar.
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Tener una relación causal directa con ese daño.
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Y actuar en relación con una de las partes del conflicto.
Llevar ayuda a la población civil, aunque sea políticamente controvertido, no cumple este requisito legal. Por lo tanto, los pasajeros del Madleen siguen siendo civiles protegidos y no deben ser tratados como combatientes ni detenidos arbitrariamente.
El derecho internacional también establece cómo deben ser tratados los civiles detenidos en situaciones de conflicto. En virtud del Cuarto Convenio de Ginebra, los detenidos deben tener acceso a atención médica, abogados y representantes consulares. Tampoco deben ser castigados sin un proceso legal justo.
Las informaciones sobre la detención de los pasajeros del Madleen y su amenaza de deportación suscitan preocupación sobre si se están respetando estas normas.
En respuesta a la interceptación del barco, la Fundación Hind Rajab ha presentado una denuncia ante la Unidad de Crímenes de Guerra de la Policía Metropolitana del Reino Unido. La denuncia alega una serie de violaciones del derecho internacional humanitario, entre ellas la detención forzosa, la obstrucción de la ayuda humanitaria y los tratos degradantes.
Interceptación de una flotilla anterior
No es la primera vez que Israel detiene un barco de ayuda humanitaria y se enfrenta a acusaciones de violar el derecho del mar y el derecho humanitario.
En 2010, el ejército israelí asaltó una flotilla de seis barcos organizada por activistas internacionales con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a Gaza y desafiar el bloqueo.
Se desató la violencia en el barco más grande, el Mavi Marmara, que se saldó con la muerte de nueve ciudadanos turcos y decenas de heridos. El incidente fue condenado internacionalmente. Israel acordó suavizar el bloqueo tras el incidente.
Una misión de investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que Israel violó varias leyes internacionales y que su bloqueo estaba “causando daños desproporcionados a la población civil”.
No se trata solo de una cuestión política o moral, sino también jurídica. El derecho internacional establece normas claras sobre cuándo y cómo un país puede imponer bloqueos, interceptar buques y tratar a los civiles.
Sobre la base de estas normas, siguen existiendo serias dudas jurídicas acerca de la actuación de Israel con respecto al Madleen y sus pasajeros.
Shannon Bosch no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.